¿QUE NOS ESPERA TRAS EL 28 DE JULIO?

Si algo ha caracterizado este año electoral, son los temores y miedos por el cambio, y a puertas de asumir el nuevo presidente electo, conviene aclarar estos temores, ¿es quizás tan fácil cambiar el modelo económico que rige nuestro país?, como muchos piensas, en realidad, con un poder legislativo tan segmentado y cuyas tiendas políticas deberán concertar para la aprobación de las leyes, es difícil llevar a buen puerto una reforma constitucional que modifique el régimen económico.
Ahora nuestra Constitución que reconoce una economía social de mercado como ideario político-económico, ha diseñado una Estado que asigna al mercado la labor de crear riqueza y distribuir eficientemente los recursos, pero reservándose una función correctiva y reguladora para aquellos supuestos en que el mercado por sí sólo no puede lograr el bienestar general de su población. Además ha contemplado la posibilidad de intervención directa sólo cuando existe escasez de oferta por los particulares, es decir, cuando los privados que están llamados a proveer bienes y servicios no cumplen con su función desabasteciendo a la ciudadanía de la satisfacción de necesidades esenciales, es ahí cuando el Estado subsidiariamente puede efectuar actividad empresarial para cubrir esa deficiencia del mercado, que es una medida al que se debe recurrir en última instancia.
Entonces, porque el término social en la denominación del modelo económico, al parecer el Constituyente del 79 y 93, pretendió enfatizar la idea que el Estado a diferencia del mercado no es ajeno a ciertos valores que debe promover como la igualdad, equidad y solidaridad. Es por ello, que partiendo de ese entendido se reserva ciertas potestades en relación a la economía y a la vez limita la iniciativa privada para buscar el interés general.
En ese sentido, el modelo de la Constitución es en principio un régimen de libertad que consagra la autodeterminación de los privados para el ejercicio pleno de sus libertades económicas, pero por excepción existe circunstancias en que dichas libertades están restringidas para no afectar el bien común, como el derecho a la propiedad privada, que encuentra su límite en el ejercicio abusivo de tal derecho. Y corresponde al Estado a través de sus instituciones vigilar el comportamiento de los agentes económicos, no en el afán de negar esas prerrogativas sino que los mismos se realicen en consonancia con la dignidad humana que es la condición esencial de toda sociedad contemporánea.
Es por ello, que dudo que este esquema pueda cambiar después de asumir el nuevo gobierno, por que la Constitución pone determinados candados a la intervención arbitraria del Estado en la economía, y el mejor peso o contrapeso es la ciudadanía que debe defender dichas libertades porque en tanto, el Estado reclame más potestades para sí, nosotros estaremos renunciando a aquellas que nos corresponde. Y es que el Estado debe ser el promotor del desarrollo del país a suerte de alguien que pone las condiciones para que las demás personas en uso de su facultades alcances su realización.
Para ello, debemos observar la función del gobierno como la que realiza un buen maestro que nos dota de las herramientas y conocimientos para desarrollar nuestras capacidades las cuales nos servirá en nuestra vida futura para alcanzar las metas, pero conservando nuestra libertad. Sin la necesidad de ser sustituidos, subvencionados o subsidiados por la organización, porque en aquel momento nos despersonalizamos y renunciamos a la autodeterminación conquistada a lo largo de los años, para ser simple masa, cuando todos tenemos anhelos, sueños y expectativas distintos que es propio de nuestra naturaleza. Y que va más allá de cubrir necesidades primarias o secundarias. Conviene reflexionar sobre ello para ponernos de pie ante cualquier intento autoritario que pretenda confiscar nuestra libertad.

HACIENDO TRAMPA EN EL MERCADO

Al igual de lo que sucede cuando en el colegio o la universidad un alumno aprueba los cursos copiando de los compañeros o valiéndose de otros medios deshonestos, se produce entonces una ineficiencia, porque la distribución de las notas no refleja a los más capaces y por tanto aquellos que deberían sobresalir en el salón y tener los mejores promedios, se ven relegados por los estudiantes que hicieron trampa.
Lo mismo ocurre en el mercado cuando una empresa incurren en una acto anticompetitivo o de competencia desleal para mantenerse en él, sin que sea su eficiencia el común denominador para la preferencia de los consumidores, es decir, las empresas tienen como fin obtener utilidades para ello, deben lograr la demanda de los consumidores sobre los bienes y servicios que ofrecen al mercado. De forma tal, que para ello, ofrecerán mejores precios y mayor calidad, reduciendo costos pero sin afectar su permanencia.
Imaginemos por un momento, que una empresa que compite con otras cinco, de repente deduce en 30% el precio de sus productos, cosa que no pueden hacer las demás porque estarían vendiendo por debajo de su costo, lo que llevaría a la bancarrota, pero la empresa en cuestión, porque si lo puede hacer, resulta que dicha empresa tiene otras industrias relacionadas en otros sectores y sus pérdidas en el sector donde redujo precios es subsidiada por las otras empresas que cuenta en otros rubros, ahí se presentar un subsidio cruzado, que en el caso concreto es negativo para la competencia porque la empresa subiste no a partir de su propio éxito sino valiéndose de los recursos de sus firmas relacionadas, y además esa reducción en el precio tiene por objeto a la larga que la empresa puedan eliminar la competencia, generando perdidas al principio que serán recuperadas cuando luego se convierta en monopolio y en consecuencia imponga los precios que mejor le convenga. En este caso estamos frente a precios predatorios otra conducta anticompetitivas, que afecta la eficiencia en el mercado.
En el supuesto estudiado, estas situaciones falsean, distorsionan o restringen la competencia, como mecanismo para la asignación eficiente en el mercado, es decir, si tenemos que el libre mercado y la teoría de la mano invisible de Adam Smith dicta que la suma de los intereses particulares posibilita el interés general, así, cuando un individuo vende un producto como único proveedor y a precios altos, la regla de la competencia hace que ello, no pueda perdurar, dado que las buenas ganancias obtenidas atraerán a nuevos competidores, quienes al querer atraer la preferencia del consumidor harán que se nivele el precio cerca al costo marginal del producto.
Pero esa tesis entra en crisis cuando, uno de esos competidores, falsea, restringe o tergiversa la competencia, ya sea negándose a competir como ocurre con la concertación de precios o producción, restringiendo la competencia mediante barreras a la entrada para mantener su posición monopólica o de dominio, falseando la competencia como sucede en los actos de confusión cuando un proveedor se vale de la reputación comercial de otro proveedor para lograr la demanda de los consumidores.
Todo esto nos lleva a la conclusión que la trampa en el mercado es una conducta que enervan la competencia y que perjudica la eficiencia que debe distinguir a todo modelo de libre intercambio, entonces el principal valor que se debe promoverse como piedra angular del régimen económico es la honestidad o también denominada buena fe comercial, para que los agentes comprendan la importancia del mismo y asuman el compromiso de conducirse bajo ciertas parámetros axiológicos que subyace al mercado y la sociedad.

¿CIEGO, SORDO Y MUDO?

Así quedamos el pasado domingo, como emulando una vieja pero conocida canción de Shakira, de repente todo el día no tuvimos energía eléctrica ni celular o Internet para comunicarnos, y la vida se nos torno un caos, y todas nuestras actividades se vieron reducidas a leer un buen libro o salir por ahí a la calle o agarrar lápiz y papel y escribir lo que normalmente haríamos en el computador.
Lo que nos lleva a e entender la importancia en la sociedad actual que tiene los servicios públicos, sin los cuales, el mundo tal como lo conocemos no podría existir, ya que actualmente la energía permite que funcionen todos los aparatos electrónicos, que se usan tanto en el hogar como en la oficina, y a su vez, todas las actividades comerciales operan mediante circuitos de comunicación y utilizan el Internet o el celular para mantenerse comunicados. Lo cierto es que estos servicios son esenciales para todas las personas porque nos permiten interactúan entre nosotros, además que dinamizan nuestra forma de vida.
Es por eso, que los servicios públicos inicialmente fue concebida como una obligación exclusiva del Estado en su prestación, es decir lo gobernante tenían que asegurar a sus ciudadanos condiciones de vida digna y ello implicaba dotarle de servicios esenciales para la colectividad, ello llevo a que se crearan empresas públicas y se excluyera los particulares de su explotación. Así, hablar en esos tiempos de agua potable, electricidad y telefonía era una cuestión de Estado, y a su vez era algo ajeno a la empresa privada, que nada tenía que hacer en ese negocio.
Sin embargo, como era previsible, el Estado no pudo sostener mucho tiempo esa situación y término por colapsar, ya que los criterios de utilidad social con que operaban sus empresas, subsidiando el costo real de los servicios con dinero proveniente de los impuestos y otros ingresos, llevo a la banca rota de las empresas estatales, es así, que se entendió que era momento de encomendar esa tarea a los privados, limitando la actuación pública aquellas funciones básicas como es atender la seguridad, el orden, la educación, la salud, entre otros.
Es entonces, que la regla cambia para entender que el Estado podía delegar esos servicios esenciales a los particulares, pero sometidos a determinados controles para evitar que abusen de los usuarios, así surgen los organismos reguladores, para vigilar esos mercados, entendiendo que eran vulnerables porque la existencia de monopolios y la falta de información de sus usuarios.
Pero, obviamente eso organismos no han venido funcionando como quisiéramos, es decir de forma más proactiva, haciendo respetar nuestros derechos y la causa de ello, pasa por muchos motivo, en primer lugar la autonomía, al ser nombrados los directores por entes políticos como el consejo de ministros y ministerios su composición siempre será puesto en tela de juicio, además requiere fortalecer su institucionalidad a través apoyar su existencia en la Constitución y no una ley, y por último, requiere personal altamente técnico motivado y que no permita injerencia de ningún tipo en el desempeño de sus labores. Con ello las cosas podrían cambiar y ver algunas sanciones que disuadan futuros corte como el ocurrido el domingo.
Ya que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y en el caso de las instituciones ocurre lo mismo, no solo diseñando la institución de arriba para abajo sino también de abajo para arriba.

EL PODER ECONÓMICO EN EL MERCADO

Cuando pensamos en el mercado, vemos que está conformado por dos elementos principales, aquellos que son parte de la oferta que vienen a ser los productores o proveedores y los que están del lado de la demanda que son los consumidores y usuarios, y su interacción es en última medida lo que determina el precio. No se trata pues de un lugar físico o que ambos sujetos coincidan en un mismo espacio geográfico para que exista un mercado, porque dos personas pueden estar en dos puntos distantes y sin embargo; su intercambio voluntario de bienes o servicios se denominará mercado, como ocurre actualmente con el comercio electrónico o las bolsas de valores.
Sin embargo; que ocurre, cuando uno de esos dos elementos tiene más poder que el otro en el mercado, se produciría un desequilibrio, porque el presupuesto para que el mercado autoregule los precios, es la igualdad de condiciones de los agentes económicos, desde luego; esa igualdad no es perfecta, porque es admisible, cierto grado natural de asimetría en las relaciones de consumo, en el cual, los proveedores siempre tienen mayor información y medios para hacer prevalecer sus intereses, mientras que el consumidor que no tiene esas condiciones, y por tanto es más vulnerable, se le protege a través de la legislación tuitiva del Estado, que procura equipar ambas condiciones mediante el otorgamiento de mayores prerrogativas.
Entonces, ese poder natural que poseen los ofertantes no puede ser usado en perjuicio de los consumidores porque ahí se configuraría un abuso de poder y es un principio general del derecho, que la concesión de un prerrogativa, no avala su abuso por el titular. Así que la regulación surge para corregir esos abusos de derecho en el mercado, generado por la falta de límites al poder económico.
Empero, cuando hablamos de regulación no nos referimos exclusivamente a la fijación de precios por el Estado en un mercado determinado, sino a la intervención de éste en la economía en sentido amplio, ya que el Estado tiene formas moderadas e intensas de regular. Al establecer por ejemplo la prohibición de conductas que atente contra la libre y leal competencia, está regulando el mercado porque esta restringiendo la libre iniciativa privada, con el afán de salvaguardan interés superiores de la colectividad.
En ese orden de ideas, podemos afirmar que la regulación del Estado surge como una respuesta al poder económico ilimitado que mediante el abuso de libertades económicas concedidos por la Constitución, pretenden afectar o restringir los derechos de los ciudadanos. Así cuando una empresa concierta precios con otros proveedores del mismo producto para evitar competir, está atentando contra los derechos fundamentales de las personas, porque está mermando sus condiciones de vida digna, al vender menos por más, ya que el precio no obedece a la condiciones real del mercado sino al capricho de los particulares que desabastecen de bienes de primera necesidad para satisfacer su interés individual de lucro, entonces, cuando nos referimos a la regulación del Estado debemos entenderlo en su verdadera dimensión, justificado por el abuso de derecho del poder económico.

¿PORQUÉ PAGAMOS TODOS EL ALUMBRADO PÚBLICO?

En realidad el tema de hoy, es muy cotidiano a cada uno de nosotros, cuantas veces nos hemos preguntado porque pago todos los meses el alumbrado público, si en mi calle no hay ni una luminaria de ese servicio o al frente de mi casa siempre está oscuro, resultaría justo entonces bajo ese razonamiento que sólo paguen por el alumbrado público aquellas personas que gozan del servicio, pero ahí encontramos la respuesta, es que todos gozamos de ese servicio, ya sea al transitar por una calle o un parque de noche.
El hacer que sólo unos cuantos paguen dicho servicio, que supuestamente se benefician del alumbrado público, significaría que aquellas personas excluyan de su uso y rivalicen su consumo con lo que no pagan, lo que no tiene ningún sentido, porque no podrían, dado que es un bien público y no privado, lo que genera que no tenga las características de la propiedad privada, por ejemplo; con el suministro eléctrico que contratamos en nuestras casas, si tenemos capacidad de exclusión, porque excluimos de uso a otras personas ajenas a nuestro hogar y por ende rivalizamos el consumo, porque nadie puede gozar fuera de la vivienda de mi suministro.
En cambio en el alumbrado público, que expresa una externalidad positiva, es decir un beneficio no contratado, sería imposible cobrar a los beneficiarios porque son indeterminados, y eso haría que no se pueda brindar dicho servicio, dado que ninguna empresa tendría el incentivo para ofrecerla, es por ello, que la regulación ha establecido que una forma de hacer que dicha externalidad que nos beneficia a todo en alguna medida, siga funcionando, es generando mecanismo, para que todos internalicemos el costo, es por eso; que todos pagamos el alumbrado público.
Dado que su naturaleza impide que se efectué el cobro de acuerdo al consumo individual, ya que no hay forma de medir su uso por cada persona, además cuando estamos frente a un poste de alumbrado público, ya sea esperando el bus y otro hablando por el celular, ninguno de los dos rivalizan el consumo, ambos gozan del mismo servicio y en consecuencia no tiene razón de ser, excluir el uso a uno en beneficio de otro, nótese que el costo de excluir seria mayor que pagar la tarifa prorrateada por alumbrado público que viene todos los meses en nuestro recibo eléctrico.
En conclusión, los bienes públicos como fallas de mercado no podrían ser brindados, si es que el Estado no estableciera una obligación en ese sentido para su prestación, porque es difícil su exclusión y su consumo no es rival con otros, lo que genera que nadie quiera asumir su costo y las empresas no tengan incentivo para ofrecerlo, así que la mejor alternativa es el pago solidario de todos los usuarios, de lo contrario tendríamos que resignarnos a caminar por calles y parques oscuros en toda la ciudad a expensa de la delincuencia.

IDEA DE MUERTE

Hoy como pocos días la muerte ha rondado mi pensamiento
No como una fatidica idea que me consume la mente
sino como el natural destino que nos espera a todos

Recuerdos que vienes de aquellos tiempos de antaño
Dibujando rostros que ya se fueron por ese camino
Añorando caricias y palabras que cual eco se pierden en el viento

Y ahora que las hojas caen tras la ventisca de la vida
Los poetas se van dejando solo su rastro de tinta
Páginas vacias quedan en el rincón del olvido

La vida nueva a de seguir esas huellas
Versos risueños coronarán el nuevo amanecer
Y la prosa ligera cual rocio fresco de la mañana, florecerá

Me queda entonces como pajaro fugaz de estos cielos
Como caminante errante de estas tierras
Clamar que venga pronto ese momento

Acompañando la eternidad de los mios
Retoñando en la primavera de los frutos tiernos
Cantando la cosecha del buen sembrio.


JCMS. 14/06/2011

¿CÓMO EVITAR EL ALZA DE PASAJES EN FIESTAS?

Siempre que se avecina una fiesta importante o feriado largo y tenemos la intención de viajar surge la preocupación por el alza de los pasajes y el presupuesto que no alcanza, desde luego, ese incremento en el precio obedece al aumento de la cantidad demandada, es decir, más personas que también quiere viajar y la capacidad limitada de la oferta para abastecerla, lo que influye en el precio, generando su alza.
Ante esta situación los usuarios nos quejamos, denunciando abusos de las empresas y pedimos la intervención de las autoridades para evitar precios desmesurados, por otro lado, las empresas de transportes se escudan en el libre mercado para argumentar que los precios altos se debe a la ley de la oferta y la demanda. Al final, las autoridades no pueden hacer nada, porque nos regimos por un sistema de precios regulado por el mercado, eso significa que no hay control de precios y el Estado no puede entrar a regular tarifas en aquellos sectores donde existe competencia y ausencia de fallas de mercado que lo justifique como: monopolio, externalidades o asimetría informativa, o si existen puede ser fácilmente revertidos mediante mecanismos de promoción de la competencia y le compete al INDECOPI, como autoridad administrativa velar por el respeto de la libre y leal competencia en el mercado.
Lamentablemente, el sistema se colapsa en cada fiesta o feriado largo, donde se repite la historia pasajes altos y usuarios descontentos, dado que existe presunción de concertación de precios, pero es necesario probarlo para sancionar a los agentes que cometen esa conducta anticompetitiva.
Sin embargo, creemos que existe otra forma para hacer que las tarifas no suban o suban poco en esas épocas, respetando las reglas del libre mercado, así la teoría económica nos dice que la relación entre cantidad demandada y precio es directa, eso quiere decir, que a mayor demanda será mayor el precio, mientras que la relación entre la cantidad ofertada y el precio es inversa, a mayor oferta menor será el precio, entonces, eso nos lleva a afirmar que si incrementamos la oferta de transporte interprovincial en esas fechas, por más que exista una gran demanda, esa medida asimilará el impacto económico en los precios de los pasajes, evitando alzas exorbitantes.
Pero como hacemos eso, bueno aquí si puede intervenir el Estado promoviendo la competencia, creando incentivos para ello. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones podría decretar en esas festividades, como por ejemplo: semana santa donde existe gran cantidad de turistas que viajan hacia Ayacucho o carnavales a Cajamarca, disponiendo que todas las empresas formales que cuenta con licencia para cualquier parte del país, pueda ingresar por tiempo limitado a esas ciudades para provee el servicio y con ello, lograr el efecto esperado, primero eliminar temporalmente una barrera legal a la entrada como es la licencia de ruta o permiso, lo que; como es natural propiciará mayor competencia en el transporte interprovincial de pasajeros, que hará que los precios se mantengan o tenga un alza mínima.
Desde luego, esto repercutirá enormemente en beneficio del consumidor quien podrá gozar de más y mejores ofertas de servicios a precios accesibles, sin verse obligado a pagar caprichosas tarifas con pésima calidad. Pero también es bueno para el mercado porque se logra una asignación eficiente de recursos con precios cercanos al costo marginal y por tanto un equilibrio económico.
En suma, corresponde a las autoridades sectoriales utilizar estos mecanismos para mejorar la competencia y lograr sus efectos en el bienestar general, pero no como una medida indeterminada sino temporal, desde luego, siempre con el debido control y supervisión para el cumplimiento de la normas de seguridad y calidad del servicio.