¿QUE NOS ESPERA TRAS EL 28 DE JULIO?

Si algo ha caracterizado este año electoral, son los temores y miedos por el cambio, y a puertas de asumir el nuevo presidente electo, conviene aclarar estos temores, ¿es quizás tan fácil cambiar el modelo económico que rige nuestro país?, como muchos piensas, en realidad, con un poder legislativo tan segmentado y cuyas tiendas políticas deberán concertar para la aprobación de las leyes, es difícil llevar a buen puerto una reforma constitucional que modifique el régimen económico.
Ahora nuestra Constitución que reconoce una economía social de mercado como ideario político-económico, ha diseñado una Estado que asigna al mercado la labor de crear riqueza y distribuir eficientemente los recursos, pero reservándose una función correctiva y reguladora para aquellos supuestos en que el mercado por sí sólo no puede lograr el bienestar general de su población. Además ha contemplado la posibilidad de intervención directa sólo cuando existe escasez de oferta por los particulares, es decir, cuando los privados que están llamados a proveer bienes y servicios no cumplen con su función desabasteciendo a la ciudadanía de la satisfacción de necesidades esenciales, es ahí cuando el Estado subsidiariamente puede efectuar actividad empresarial para cubrir esa deficiencia del mercado, que es una medida al que se debe recurrir en última instancia.
Entonces, porque el término social en la denominación del modelo económico, al parecer el Constituyente del 79 y 93, pretendió enfatizar la idea que el Estado a diferencia del mercado no es ajeno a ciertos valores que debe promover como la igualdad, equidad y solidaridad. Es por ello, que partiendo de ese entendido se reserva ciertas potestades en relación a la economía y a la vez limita la iniciativa privada para buscar el interés general.
En ese sentido, el modelo de la Constitución es en principio un régimen de libertad que consagra la autodeterminación de los privados para el ejercicio pleno de sus libertades económicas, pero por excepción existe circunstancias en que dichas libertades están restringidas para no afectar el bien común, como el derecho a la propiedad privada, que encuentra su límite en el ejercicio abusivo de tal derecho. Y corresponde al Estado a través de sus instituciones vigilar el comportamiento de los agentes económicos, no en el afán de negar esas prerrogativas sino que los mismos se realicen en consonancia con la dignidad humana que es la condición esencial de toda sociedad contemporánea.
Es por ello, que dudo que este esquema pueda cambiar después de asumir el nuevo gobierno, por que la Constitución pone determinados candados a la intervención arbitraria del Estado en la economía, y el mejor peso o contrapeso es la ciudadanía que debe defender dichas libertades porque en tanto, el Estado reclame más potestades para sí, nosotros estaremos renunciando a aquellas que nos corresponde. Y es que el Estado debe ser el promotor del desarrollo del país a suerte de alguien que pone las condiciones para que las demás personas en uso de su facultades alcances su realización.
Para ello, debemos observar la función del gobierno como la que realiza un buen maestro que nos dota de las herramientas y conocimientos para desarrollar nuestras capacidades las cuales nos servirá en nuestra vida futura para alcanzar las metas, pero conservando nuestra libertad. Sin la necesidad de ser sustituidos, subvencionados o subsidiados por la organización, porque en aquel momento nos despersonalizamos y renunciamos a la autodeterminación conquistada a lo largo de los años, para ser simple masa, cuando todos tenemos anhelos, sueños y expectativas distintos que es propio de nuestra naturaleza. Y que va más allá de cubrir necesidades primarias o secundarias. Conviene reflexionar sobre ello para ponernos de pie ante cualquier intento autoritario que pretenda confiscar nuestra libertad.