A COCACHOS APRENDI

Este poema de Nicomedes Santa Cruz, refleja lo duro que puede ser para un niño la vida en la escuela y a su vez la educación en nuestro país, pero actualmente quienes reciben cocacho tras cocacho cada vez que se avecina la época escolar son los bolsillos de los padres de familia por los abusos de los colegios, los profesores, las editoriales y demás proveedores.
Siempre en estas fechas es común escuchar sobre el cobro adelantado de las pensiones o el pago obligatorio de las cuotas de la APAFA, o el pago de matriculas exorbitantes, la venta de uniformes escolares o busolas por el mismo colegio. Sumado a ello, las lista de útiles escolares que los docentes condicionan a los alumnos para que sea de determina empresa o marca en perjuicio de otras.
Además, los libros que son una historia aparte de incentivos económicos a los docentes mediante comisiones para que promocionen y exijan la comprar a sus alumnos de libros de tal o cual editorial, como una forma sistemática de uso de métodos coercitivos comerciales de venta.
Ante todos ello, los padres de familia deben conocer cuáles son sus derechos y cuando una exigencia de los colegios, profesores y las editoriales linda con lo ilegal.
En ese sentido, los padres deber saber en primer orden que tienen derecho a que se les brinde toda la información sobre las pensiones y los posibles aumentos que pueda sufrir ésta durante el año. Así los colegios podrán establecer un monto por concepto de matricula pero de ninguna forma esta podrá ser mayor a la pensión mensual.
De igual forma está prohibido exigir el pago de pensiones adelantadas, excepto cuando ésta sustituya el concepto por matricula o inscripción.
Todo ello, con el objeto de que los padres tengan toda la información disponible a su alcance para tomar la mejor buena decisión al momento de ver donde matricular a sus hijos, dado que muchas veces pasa que uno contrata el colegio con un monto de pensión X y a lo largo del año, esa pensión se viene incrementando sucesivamente, y a la vez nos imponen pagos por conceptos que nunca nos informaron. Ni que decir, de las pensiones adelantadas que son abiertamente ilegales porque el pago de la pensión representa la contraprestación por el servicio educativo, lo cual implica primero recibir la prestación efectiva del servicio.
Adicionalmente, los escolares no pueden ser obligados a presentar el total de los útiles escolares al comienzo del año escolar y más importante aún, no tienen porque adquirir los uniformes, materiales o útiles educativos en lugares predeterminados por los colegios.
Esto ante, las famosas listas de útiles que los docentes exigen al inicio del año escolar donde se indica la marca de cada útiles, lo que contraviene la libre competencia, porque el docente direcciona la demanda hacia determinado producto en perjuicio de los otros proveedores cuyo producto no será valorado objetivamente dentro del proceso competitivo en función de su precio y/o calidad, porque los profesores ya han tomado la decisión por los padres de familia.
Lo que podría ser válido cuando se trata de una selección objetiva de textos escolares pero se ha demostrado que los docentes no recomiendan un texto en función de los beneficios para sus educandos sino de la comisión de las editoriales. Situación que no debe ser tolerado, denunciando ante el Ministerio de Educación y el INDECOPI todos estos hechos que son contrarios a la Ley N° 27665 y los artículos 73° y ss. de la Ley N° 29571.