LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

Los servicios públicos locales son aquellas prestaciones propias de los gobiernos locales o municipalidades que buscan satisfacer necesidades esenciales de su población, a través de la gestión directa o indirecta para garantizar la continuidad, igualdad y acceso universal de estos servicios a la ciudadanía.
Por ello, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce la facultad de promover, gestionar y fiscalizar los servicios públicos locales a su cargo, sin embargo, la experiencia nos demuestra la ineficiencia del Estado como prestador de servicios, puesto que, la administración pública tiende a monopolizar las actividades, desperdiciar recursos y burocratizar el aparato estatal, ya que no existe una lógica de mercado en su actuación, sino una relación de autoridad entre administración y administrados.
Es por tal motivo, que existen serias deficiencia en la gestión directa de servicios públicos locales como; la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos (basura), la limpieza pública, parque y jardines, administración de mercados, entre otros. Ya que una empresa privada o conjunto de empresas podría brindar mejor esos servicios que la municipalidad mediante la figura de la concesión administrativa, por el cual, el Estado otorga la gestión directa del servicio a favor de una persona (natural o jurídica) privada. Y en tanto se pueda fomentar la competencia en dichos sectores, los precios que hoy pagamos a suerte de tasa por esos servicios tenderían a disminuir. De tal forma que las municipalidades podrían concentran sus esfuerzos y recursos en aspectos fundamentales como la seguridad y el orden de las ciudades bajo su jurisdicción.
Por ejemplo, actualmente no se explica porque la municipalidad a través de la gerencia de servicios públicos administran mercados de abastos en la ciudad, cuando perfectamente estos podrían ser transferidos a los propios comerciantes para su gestión directa, además, que constituye una competencia desleal, ya que con los recursos del Estado, el municipio beneficia algunos comerciantes dotándoles de infraestructura y servicios, en desmedro de otros que no cuentan con tales ventajas, y que por tanto tiene que asumir mayores costos, lo que no les impide competir con los comerciantes de esos mercados.
Es por eso, que la tendencia actual no es hacia la privatización de los servicios públicos, sino a la gestión indirecta que busca la eficiencia económica y social, mediante la concesión a los particulares, para que asuman la tarea de administrar dichos servicios con una visión empresarial que permita asegurar la continuidad, regularidad y generalidad en la prestación, es decir, que la actividad sigue siendo de titularidad de los gobiernos locales pero que son confiado a las empresas por cierto tiempo y bajo determinadas concesiones para lograr el objetivo de llegar a todos.
Sin embargo, la actitud de la autoridad municipal frente a este nuevo escenario no debe ser pasiva ni observadora, por el contrario los municipios a través de sus Concejos Municipales están llamados a fiscalizar a las empresas concesionarias, para garantizar la adecuada prestación de dichos servicios a la ciudadanía. Convirtiéndose en reguladores locales de los servicios públicos concesionados, verificando las obligaciones legales, contractuales y técnicas a las que previamente se ha comprometido las empresas, además de velar por los intereses de los más necesitados estableciendo la cuota de equidad frente al ánimo de lucro de la empresa. Es con esa nueva forma de actuación del Estado en la satisfacción de necesidades básicas o esenciales que podremos cubrir las metas de reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de nuestra población.
Por lo que recomendamos a las nuevas gestiones locales que asumen el reto con entusiasmo, que promuevan posturas que armonice la eficiencia económica con la justicia social.