Ante el alarmante incremento del comercio ambulatorio en nuestra ciudad, las autoridades y los vecinos nos preguntamos qué se puede hacer ante este fenómeno social, que es consecuencia de la cultura de informalidad a la que estamos acostumbrados, puesto que al transitar por las calles podemos ver como los comerciantes han invadido las vías públicas, haciendo incluso imposible caminar con normalidad.
Sin embargo, este además de ser un fenómeno social no dejar de ser un problema económico, ya que los vendedores ante la pérdida de autoridad de la municipalidad que es el llamado a ordenar la ciudad, ofrece sus bienes o servicios donde mejor les conviene, indudablemente de fondo hay una necesidad existente de la población de proveerse de recursos mediante el trabajo y sin mayores costos.
Desde el punto de vista económico, los vendedores que actúan bajo la lógica de mercado buscan ahorrar costos para lograr maximizar sus ganancias, ya que formalizarse implica mayores costos que no están dispuestos asumir porque eso significaría obtener una menor utilidad por la actividad, y como proveedores les conviene tener menos costos y más ingresos.
Es por eso, que para neutralizar la informalidad existente el Estado tiene que apelar al análisis económico del Derecho, mediante el cual, asume que los comerciantes permanece en la informalidad porque los costos de permanecer en esa situación son menores que ser formales, que le exige tener locales, pagar tributos, obtener licencia, entre otros, que hacen poco atractivo seguir produciendo.
Es entonces que requerimos una respuesta del Estado mediante la municipalidad para minimizar los efectos negativos o externalidades del comercio ambulatorio, incrementando los costos de permanecer en la informalidad imponiendo multa u otras sanciones para desincentivar la informalidad del ambulante y a la vez incentivar la formalización dando facilidades mediante trámites sencillo y agiles que motiven su participación.
Claro está, dichas medidas se deben realizar de forma inteligente sin que ello implique, quitarles sus puestos de empleos a los comerciantes, ya que es su medio de subsistencia que genera riqueza y necesitamos que esa creación de riqueza se canalice mediante el cumplimiento de las normas que procuran el orden y seguridad en la sociedad y a la vez que contribuyan al fisco para procurar con esos fondos bienestar a todos los ciudadanos.
En suma, es materia de análisis y tarea pendiente para las autoridades la implementación de incentivos para la formalización y desincentivan del comercio ambulatorio sin que ello signifique abuso de autoridad o medidas discriminatorias, para lo cual, deben tener presente que los comerciantes como todo agente económico sólo buscan su beneficio particular ahorrando costos y maximizando ganancias, y es labor del Estado logra que la búsqueda de ese interés particular repercuta en el interés general y beneficio social, fomentando la creación de riqueza, empresa y medios de empleo, pero sin que ello signifique sacrificar el orden y la tranquilidad de los vecinos.
jueves, 28 de octubre de 2010
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