¿PORQUÉ PAGAMOS TODOS EL ALUMBRADO PÚBLICO?

En realidad el tema de hoy, es muy cotidiano a cada uno de nosotros, cuantas veces nos hemos preguntado porque pago todos los meses el alumbrado público, si en mi calle no hay ni una luminaria de ese servicio o al frente de mi casa siempre está oscuro, resultaría justo entonces bajo ese razonamiento que sólo paguen por el alumbrado público aquellas personas que gozan del servicio, pero ahí encontramos la respuesta, es que todos gozamos de ese servicio, ya sea al transitar por una calle o un parque de noche.
El hacer que sólo unos cuantos paguen dicho servicio, que supuestamente se benefician del alumbrado público, significaría que aquellas personas excluyan de su uso y rivalicen su consumo con lo que no pagan, lo que no tiene ningún sentido, porque no podrían, dado que es un bien público y no privado, lo que genera que no tenga las características de la propiedad privada, por ejemplo; con el suministro eléctrico que contratamos en nuestras casas, si tenemos capacidad de exclusión, porque excluimos de uso a otras personas ajenas a nuestro hogar y por ende rivalizamos el consumo, porque nadie puede gozar fuera de la vivienda de mi suministro.
En cambio en el alumbrado público, que expresa una externalidad positiva, es decir un beneficio no contratado, sería imposible cobrar a los beneficiarios porque son indeterminados, y eso haría que no se pueda brindar dicho servicio, dado que ninguna empresa tendría el incentivo para ofrecerla, es por ello, que la regulación ha establecido que una forma de hacer que dicha externalidad que nos beneficia a todo en alguna medida, siga funcionando, es generando mecanismo, para que todos internalicemos el costo, es por eso; que todos pagamos el alumbrado público.
Dado que su naturaleza impide que se efectué el cobro de acuerdo al consumo individual, ya que no hay forma de medir su uso por cada persona, además cuando estamos frente a un poste de alumbrado público, ya sea esperando el bus y otro hablando por el celular, ninguno de los dos rivalizan el consumo, ambos gozan del mismo servicio y en consecuencia no tiene razón de ser, excluir el uso a uno en beneficio de otro, nótese que el costo de excluir seria mayor que pagar la tarifa prorrateada por alumbrado público que viene todos los meses en nuestro recibo eléctrico.
En conclusión, los bienes públicos como fallas de mercado no podrían ser brindados, si es que el Estado no estableciera una obligación en ese sentido para su prestación, porque es difícil su exclusión y su consumo no es rival con otros, lo que genera que nadie quiera asumir su costo y las empresas no tengan incentivo para ofrecerlo, así que la mejor alternativa es el pago solidario de todos los usuarios, de lo contrario tendríamos que resignarnos a caminar por calles y parques oscuros en toda la ciudad a expensa de la delincuencia.

IDEA DE MUERTE

Hoy como pocos días la muerte ha rondado mi pensamiento
No como una fatidica idea que me consume la mente
sino como el natural destino que nos espera a todos

Recuerdos que vienes de aquellos tiempos de antaño
Dibujando rostros que ya se fueron por ese camino
Añorando caricias y palabras que cual eco se pierden en el viento

Y ahora que las hojas caen tras la ventisca de la vida
Los poetas se van dejando solo su rastro de tinta
Páginas vacias quedan en el rincón del olvido

La vida nueva a de seguir esas huellas
Versos risueños coronarán el nuevo amanecer
Y la prosa ligera cual rocio fresco de la mañana, florecerá

Me queda entonces como pajaro fugaz de estos cielos
Como caminante errante de estas tierras
Clamar que venga pronto ese momento

Acompañando la eternidad de los mios
Retoñando en la primavera de los frutos tiernos
Cantando la cosecha del buen sembrio.


JCMS. 14/06/2011

¿CÓMO EVITAR EL ALZA DE PASAJES EN FIESTAS?

Siempre que se avecina una fiesta importante o feriado largo y tenemos la intención de viajar surge la preocupación por el alza de los pasajes y el presupuesto que no alcanza, desde luego, ese incremento en el precio obedece al aumento de la cantidad demandada, es decir, más personas que también quiere viajar y la capacidad limitada de la oferta para abastecerla, lo que influye en el precio, generando su alza.
Ante esta situación los usuarios nos quejamos, denunciando abusos de las empresas y pedimos la intervención de las autoridades para evitar precios desmesurados, por otro lado, las empresas de transportes se escudan en el libre mercado para argumentar que los precios altos se debe a la ley de la oferta y la demanda. Al final, las autoridades no pueden hacer nada, porque nos regimos por un sistema de precios regulado por el mercado, eso significa que no hay control de precios y el Estado no puede entrar a regular tarifas en aquellos sectores donde existe competencia y ausencia de fallas de mercado que lo justifique como: monopolio, externalidades o asimetría informativa, o si existen puede ser fácilmente revertidos mediante mecanismos de promoción de la competencia y le compete al INDECOPI, como autoridad administrativa velar por el respeto de la libre y leal competencia en el mercado.
Lamentablemente, el sistema se colapsa en cada fiesta o feriado largo, donde se repite la historia pasajes altos y usuarios descontentos, dado que existe presunción de concertación de precios, pero es necesario probarlo para sancionar a los agentes que cometen esa conducta anticompetitiva.
Sin embargo, creemos que existe otra forma para hacer que las tarifas no suban o suban poco en esas épocas, respetando las reglas del libre mercado, así la teoría económica nos dice que la relación entre cantidad demandada y precio es directa, eso quiere decir, que a mayor demanda será mayor el precio, mientras que la relación entre la cantidad ofertada y el precio es inversa, a mayor oferta menor será el precio, entonces, eso nos lleva a afirmar que si incrementamos la oferta de transporte interprovincial en esas fechas, por más que exista una gran demanda, esa medida asimilará el impacto económico en los precios de los pasajes, evitando alzas exorbitantes.
Pero como hacemos eso, bueno aquí si puede intervenir el Estado promoviendo la competencia, creando incentivos para ello. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones podría decretar en esas festividades, como por ejemplo: semana santa donde existe gran cantidad de turistas que viajan hacia Ayacucho o carnavales a Cajamarca, disponiendo que todas las empresas formales que cuenta con licencia para cualquier parte del país, pueda ingresar por tiempo limitado a esas ciudades para provee el servicio y con ello, lograr el efecto esperado, primero eliminar temporalmente una barrera legal a la entrada como es la licencia de ruta o permiso, lo que; como es natural propiciará mayor competencia en el transporte interprovincial de pasajeros, que hará que los precios se mantengan o tenga un alza mínima.
Desde luego, esto repercutirá enormemente en beneficio del consumidor quien podrá gozar de más y mejores ofertas de servicios a precios accesibles, sin verse obligado a pagar caprichosas tarifas con pésima calidad. Pero también es bueno para el mercado porque se logra una asignación eficiente de recursos con precios cercanos al costo marginal y por tanto un equilibrio económico.
En suma, corresponde a las autoridades sectoriales utilizar estos mecanismos para mejorar la competencia y lograr sus efectos en el bienestar general, pero no como una medida indeterminada sino temporal, desde luego, siempre con el debido control y supervisión para el cumplimiento de la normas de seguridad y calidad del servicio.

EL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA PÉRDIDA DE DOCUMENTOS

Hace una semana extravié mis documentos en un taxi y otra vez, tuve que pasar por los lentos, engorrosos e irrazonables trámites de nuestras instituciones, que parecieran haberse quedado en la era de piedra. Resulta que a puertas de las elecciones generales, tuve la mala fortuna de perder mi DNI, carnet de colegiatura y tarjetas de débito.
Lo primero que se suele hacer en estas ocasiones es efectuar la denuncia policial, aunque ésta ya no es un requisito para obtener el duplicado de DNI, pero si es una formalidad para evitar problemas posteriores por la indebida utilización de los documentos, así que tuve que pagar mi tasa en el Banco de la Nación, que por cierto, te toma en el mejor de los casos, entre 1 a 2 horas ser atendido, por las colas que caracterizan nuestra variopinta sociedad.
Luego tuve acercarme a la dependencia policial y asentar la denuncia, ante un efectivo policial totalmente mecanizado y desmotivado que chanca sobre un formato los mismos datos, que pide siempre, como por ejemplo: cuándo y que hora ocurrió la pérdida o robo, en qué circunstancias, qué perdió, etc. etc., Al final del cual deberían darte la constancia de la denuncia, que en última instancia es lo que uno requiere y por lo que paga su tasa, ya que el ciudadano no espera ni remotamente que sean recuperados esos bienes, por la eficiente policía nacional que tenemos. Sin embargo, te piden que regreses en la tarde para recoger esa constancia, aun cuando ya ha sido bastante difícil darte tiempo para ir a poner la denuncia, pero aun así debes regresar más luego.
Al final te das cuenta que perdiste todo un día en ello, pero luego viene lo demás. Una vez más ir al Banco de la Nación, para pagar la tasa por concepto de duplicado de DNI, posteriormente acercarte a la RENIEC, para que te señalen que ese trámite únicamente se realiza por Internet. Entonces, ingresas al portal web de esa institución y el procedimiento es verdaderamente sencillo, pero debes esperar 3 ó 4 días para que te entreguen el duplicado en la oficina regional donde indicaste. Aunque este cambio es beneficioso para la ciudadanía en especial a los jóvenes que desde la comodidad de su casa pueden ingresar solicitudes de duplicado, entre otros, no debería ser exclusivamente por este medio, porque existen un gran número de personas que no manejan los mecanismos informáticos con facilidad y por tanto, esta medida les estaría creando una mayor dificultad antes de ayudarlos y alrededor de ello, siempre surgirá un mercado negro de cabinas de internet que ofrezcan guiarlos en esos procedimientos, resultando en mayores costos que el ciudadano termina asumiendo, desvirtuando el sentido y finalidad del gobierno electrónico.
Luego, dado que ya había bloqueado mis tarjetas por pérdida, tenía que solicitar una nueva tarjeta de debito en las entidades bancarias, que por cierto, te piden DNI para ese trámite, pero aun no contaba con el duplicado de ese documento, felizmente si poseía una copia legalizada en mi domicilio y que por suerte aceptaron, de lo contrario hubiera tenido que esperar hasta que me entreguen el duplicado de DNI para sacar la tarjeta, con el perjuicio e inconveniente que ello significa, por la imposibilidad de retirar dinero de mi cuenta durante algunos días.
En conclusión, creemos que el Estado debe implementar mecanismos de gobierno electrónico porque son beneficiosos para el administrado, en tal sentido, las denuncias por pérdidas de documentos y otros denuncias menores que no comprometen bienes jurídicos de mayor importancia, podrían realizarse por Internet, ello, sin dejar de lado como vía alternativa la denuncia personal que tradicionalmente se efectúa en las comisarias, a la vez, el Banco de la Nación, podría crear las cajas rápidas en cada agencia para el pago de tasas y otros depósitos menores, y finalmente debería existir un registro virtual de alerta de pérdidas o robos de documentos para evitar la mala utilización de ello, en actos ilícitos, como: estafas, robos, entre otros, con ello estoy seguro que se avanzaría positivamente en la modernización estatal.

¡CUANDO EL SUEÑO SE VUELVE PESADILLA!

Para muchos resulta un verdadero viacrucis realizar algún trámite ante las entidades públicas, por más sencillo que sea, nos toma tiempo, esfuerzo y dinero lograrlo, la burocracia se ha vuelto a tal punto ineficiente e insensible a las expectativas del administrado, que uno termina suplicando lo que viene a ser un derecho.
En efecto, los requisitos engorrosos, los servidores desmotivados, las tasas elevadas, todo pareciera estar diseñada para impedir a los ciudadanos efectuar sus trámites con prontitud y sencillez. Nos resulta tan ajeno pensar que los servidores públicos están valga la redundancia, para servirnos. Porque desde el momento en que acudimos a la entidad a solicitar los requisitos empieza el problema y en ese preciso instante el sueño se vuelve en pensadilla.
Al respecto, hace unos meses tomamos con mi novia la desafortunada decisión de casarnos, y digo desafortunada no porque, no existirá amor entre nosotros, sino porque las posteriores semanas nos harían dar cuenta lo difícil que resulta en estos días reunir los requisitos para el matrimonio civil.
Así, partimos esta aventura entusiasmados como toda pareja que quiere unir sus vidas a través del matrimonio, sin saber lo que nos deparaba, el primer obstáculo fue como ya relate en una edición anterior el mal trato que brindan los servidores públicos de la municipalidad a los contrayentes, pero luego, de superar ese inconveniente nos vimos abrumados de repente por un conjunto de requisitos, muchos irrazonables, como el famoso certificado domiciliario, que en primer lugar, lo expide la propia municipalidad a través de una de sus gerencias, lo cual, fácilmente podría ser remplazado por una declaración jurada, cuya fiscalización o control posterior corresponde a la misma entidad pública que lo solicita, pero sin embargo; al municipio no le conviene porque recauda a través de ella, una suma que no es acorde a los recursos utilizados por la administración para brindarla.
Otro punto aparte, merece el famoso FUT que significa Formato Único de Trámite, el cual, cuesta un nuevo sol y es obligatorio para todo trámite, es decir, que si llevas tu solicitud y no adjuntas el FUT, tu trámite no es ni siquiera aceptado en mesa de parte, lo cual, no sólo es ilegal porque es contrario a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Nº 27444, sino también inconstitucional porque restringe el derecho de petición administrativa del artículo 2.20 de la Constitución.
Pero aquí no termina todo, lo siguiente es el certificado de soltería que tiene que ser del lugar de procedencia, es decir, de la municipalidad donde naciste, lo que es absurdo, puesto que quien administra el Registro o Estado Civil a nivel nacional es la RENIEC, entonces debería ser esa institución quien expida dicho certificado y no la municipalidad de origen, con ello, se haría más fácil obtener tal requisito.
Por último, los pagos también son elevados, porque te cobrar por todo y a gusto del cliente, hay tasas para ceremonia en horario de trabajo o fuera de él, dentro del mismo local de registro civil o salón de ceremonia y por un poco más te casan en el lugar que quieras. Pero como insisto las tasas deberían ser acorde a los recursos que demanda a la municipalidad la realización de la ceremonia y no con sumas exorbitantes que lo único que generan es la informalidad o mejor dicho la proliferación de la convivencia.
La mejor forma de abordar el problema y hacer una reforma profunda es desde mi punto de vista, implementar mecanismos de gobierno electrónico, suscribir convenios con las entidades involucradas y solicitar sólo lo estrictamente necesaria, con ello, lograríamos que los trámites se puedan realizar en línea vía Internet mediante formularios electrónicos, a su vez, la RENIEC y el Banco de la Nación podría habilitar módulos para trámites y pagos en el mismo local de registro civil u otros. Lo que repercutiría en la disminución del porcentaje de convivencias, en fin es una tarea pendiente de la nueva gestión. Aprovecho para desearles un Feliz Día del Consumidor!!!.

¡CUANDO EL MEDIO SE VUELVE FIN!

Todos los que alguna vez hemos realizado algún trámite ante las entidades públicas y nos quejamos abiertamente de los procedimientos engorrosos, requisitos irrazonables y los servidores y funcionarios aletargados, me darán la razón, del porque el titulo de esta edición, y es que muchas veces, los servidores públicos olvidan que los procedimientos son medios para lograr el ejercicio de los derechos e intereses de los administrados, y no un fin en sí mismo.
Así, los trámites se convierten en un verdadero dolor de cabeza, que parecieran estar ahí para hacerle la vida más difícil al ciudadano y no ayudarlo como en verdad debieran, generando con ello, un efecto adverso, ya es la informalidad comercial o civil (la convivencia).
Desde luego, para comprender la importancia del procedimiento como el medio y no un fin, conviene contarle una experiencia, resulta que una mañana acudí a la municipalidad provincial para recabar los requisitos para un trámite, al llegar a la dependencia, no existe nada que le indique al administrado quien lo atenderá, por lo que, me acerque a una de los trabajadores que se encontraba sentado en un escritorio, y le solicite los requisitos, a lo que el servidor respondió que se encontraban en la vitrina, primera dificultad, tratándose de más de 15 requisitos, copiarlos significa una pérdida de tiempo, que no está dispuesto a soportar, entonces le pedí que me facilitará para sacarle un copia, negándose rotundamente, a tanta insistencia mía, el trabajador de la municipalidad tomando conciencia de su falta, recordó que tenia copias en otra oficina, las busco y me proporciono, situación que me evito copiar los requisitos a mano y ganar tiempo, gracias aquel dicho popular que dice “el que no llora no mama”.
Luego de ese primer incidente, revisando los requisitos me di con la sorpresa de que la municipalidad exigía documentos que obran en la propia entidad (segunda dificultad), es decir, requería un certificado expedido por una gerencia suya, cuando lo correcto sería en estos casos, tal cual lo permite la Ley de Procedimientos Administrativo General, Ley Nº 27444, que baste una declaración jurada para dar por cumplido ese requisito, tratándose de información que posee la propia administración pública que lo exige, porque mediante su potestad de control posterior o fiscalización puede verificar la veracidad de tal declaración, sin embargo; la intención de recaudar mayores ingreso ocasiona que se le pida más de la cuenta al ciudadano.
Por último, cuando quise solicitar uno de los certificados que figuran como requisito para el trámite que quería efectuar y como no podía ser de otra manera, al llevar mi solicitud tuve previamente que pagar la famosa tasa, que era desproporcionada con el servicio brindado (tercera dificultad), ya que no implicaba mayores recursos o esfuerzos para dicho municipio, más que el costo de una hoja bond donde conste por el funcionario público competente que domicilió en la jurisdicción, empero me vi obligado a pagar.
No conforme con ello, el trabajador de caja, me señaló que debía comprar un formato de solicitud que costaba un nuevo sol (cuarta dificultad), pese a que, ya contaba con mi solicitud redactada en la mano, lo que colmo mi paciencia, porque; cómo es posible que una entidad pública puede negarse a recibir un documento, aduciendo que no lleva el formato oficial, eso representa la peor practica burocrática y que atenta contra los derechos del administrado. Además, no puede ser razonable que una hoja impresa cueste un nuevo sol, entiendo que se puede implementar formulario para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, pero ellos no pueden ser obligatorios y menos no responder a su costo real, sino a un precio caprichoso y excesivo que va en perjuicio del derecho constitucional de petición administrativa, que contempla nuestra Constitución. En suma, resulta muy cuestionable como el procedimiento se ha convertido en un fin de recaudación y no un medio de ejercicio de derechos.

IGUALDAD DE TRATO EN LAS RELACIONES COMERCIALES

Para entender cómo se desenvuelven las relaciones comerciales y porque es importante la igualdad de trato para el consumidor, nada mejor que relatarles lo que me ocurrió hoy, iba yo como todos los días a comprar mi acostumbrado litro de leche fresca, pero andaba un poco tarde, y tenía dudas si la señora donde siempre compro, estaría en el lugar, dado que atiende en la calle, al llegar, pude corroborar mi sospecha, se había ido.
Entonces, empecé a pensar en alguna alternativa y recordé que en la intersección entre Av. Asamblea y Jr. Manco Cápac, también venden leche, así que me dirigí rápidamente hacia ahí, al acercarme temía que me dijeran que ya se le había acabado, pero por suerte mía, todavía quedaba, por lo que, le pedí que me despachara un litro, iba la vendedora sirviendo, cuando de repente llego un señor, que le pidió tres litros y la vendedora al ver que solo le queda dos litros incluido el mío, quiso preferir al señor en vez de a mí, que por cierto había llegado antes e incluso la compra ya estaba embolsado.
La señora vendedora aducía que era su casero y que todos los días le venía a comprar, por eso prefería venderle a él, desde luego, yo proteste enérgicamente y le reclame que en primer lugar, me había ofrecido la leche primero a mí, además, era justo que atienda de acuerdo al orden de llegada. A tanta insistencia, el otro comprador entendió y reconoció mi derecho a poder comprar un litro. Finalmente, me retire muy indignado del lugar, con la promesa de no volver a comprar a esa vendedora.
Bueno todo, esto me permitió entender, que muchas veces la igualdad no cuenta en las relaciones comerciales, porque, los vendedores creen que como las leyes del mercado les autoriza a vender al mejor postor, puede efectuar distinciones no razonables entre un comprador y otro. Pero no es así, porque en tanto se hace la oferta y esta es aceptada se genera la expectativa, que debe terminar con la adquisición del producto, porque de lo contrario, eso podría generar la obligación de indemnizar al comprador o consumidor que ve frustrada su expectativa.
Por otra parte, los proveedores o vendedores no son ajenos respetar los derechos fundamentales que establece la Constitución, ya que esta nos vincula a todos, en tanto el Estado frente al ciudadano (dimensión vertical) o entre ciudadanos (dimensión horizontal), nadie puede incumplir con sus mandatos.
Así, uno de esos mandatos es la igualdad que significa brindar el mismo trato a personas o grupos que se encuentra en iguales condiciones, lo contrario es discriminación, y en el ámbito comercial la discriminación también constituye una infracción, porque; de cara al consumidor el proveedor no puede injustificadamente poner restricciones o requisitos irrazonables a un consumidor o grupo de consumidores en relación a los demás, para la adquisición del bien o servicio. Adicionalmente, de cara a otro proveedor está prohibida la discriminación de precios.
En suma, el libre mercado no puede significar la vulneración de los derechos de los ciudadanos por los comerciantes, porque, en principio deben brindar una adecuada atención al cliente, que incluye la atención de acuerdo al orden de llegada, salvo atención preferente, garantizar el acceso irrestricto al bien o servicio y finalmente debe observar el pleno respeto a la igualdad entre consumidores, sin hacer distinciones irrazonables de ninguna índole y procurando dar el mismo tratamiento a todos. Desde luego, la vendedora de leche del suceso relatado desconocía o no le importaban esas pautas y el mejor castigo contra esos malos comerciantes es no volver a preferir o comprar sus productos de nuevo. Ahora le toca a usted amable lector exigir un trato equitativo.